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miércoles, 4 de julio de 2012

Imputados.

Hoy vuelvo a tener cierta esperanza en la Justicia. Un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite una querella presentada por el partido UPyD contra Rodrigo rato y 32 altos cargos más del grupo BFA-Bankia. Esto no significa que los veamos, a todos o a parte, sentados en el banquillo, pero es un paso. Vuelve a mi memoria Islandia y la imputación de políticos y banqueros por llevar a la quiebra entidades financieras y arriesgar hasta el límite la economía del país y de sus ciudadanos. Claro que Islandia es otro "mundo", pero si no albergamos esa ilusión mal vamos. Por ahora están imputados y serán llamados a declarar uno tras otro; luego, como testigos, han de comparecer también el exgobernador del Banco de España, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entre otros.












A las cajas de ahorros integrantes de la fusión en Bankia se les reclama toda documentación, desde el año 2008, relacionada con operaciones que tengan como beneficiarios a sus consejeros, directivos, familiares, partidos y grupos políticos con representación en corporaciones municipales o parlamentos autonómicos que hayan participado en procesos electorales de sus respectivas cajas de ahorros. Este proceso se vislumbra complejo y largo en el tiempo, así como, seguro, lleno de obstáculos a que la información llegue a manos judiciales y la colaboración se preste adecuadamente; ahora toca confiar en la valentía del juez instructor de la causa para sentar en el banquillo de los acusados a todos aquellos que merezcan un jucio y, posiblemente, sentencia condenatoria si se lograra demostrar que cometieron delitos, sean quienes sean, amigos o familiares, políticos o gobernantes. Solo en caso de llegar, por fin en España, a condenar a quienes nos han llevado a esta situación de casi miseria económica se puede crear el precedente de escarmiento que a gritos se pide en las calles desde hace tiempo. A la Fiscalía General del Estado no le ha quedado más remedio que tirar para adelante habida cuenta de los resultados obtenidos por las investigaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía Anticorrupción. Aunque la cautela de ésta parece un poco excesiva y el juez ha tomado en consideración la denuncia del partido de Rosa Díez. Los delitos que se barajan son cinco, ninguno menor ni menos importante: delito contable, administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Cualquiera de nosotros, sin paraguas gubernamental ni amiguitos en las altas esferas, estaríamos posiblemente siendo juzgados ya y en prisión provisional, dada la gravedad de nuestros delitos imputados y el riesgo de fuga, etc, etc, etc.

 Me río mucho, a mandíbula batiente, cuando recuerdo las palabras del Rey a resultas de la posible imputación de su yerno Iñaki. Por supuesto que la justicia no es igual para todos ni todos tienen acceso al mismo nivel de defensa que ellos. Papá dinero sigue mandando en estos asuntos. Si salen absueltos corren ríos de tinta acerca de los juicios públicos a los que hayan sido sometidos; si es nuestro caso y se nos absuelve, nadie reparará el daño cometido. Más que nunca ahora los jueces deberían ser imparciales, justos y valientes, imputando a todo aquel que haya malversado, estafado o ejercido un puesto con deshonor y desprecio hacia los incautos ciudadanos, ocasionándonos pérdidas, fraudes, quiebras y desgracias personales de todo tipo.

¡A la cárcel con ellos!


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